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Los puntos críticos del Decreto Ejecutivo 261 que prohibía la libre asociación de personas jurídicas y naturales en el sector camaronero, quedaron ayer insubsistentes.

Esto, por las presiones que ejercieron cientos de grandes y pequeños empresarios camaroneros en los bajos del Gobierno del Litoral, donde se llevó a cabo una reunión entre los grupos involucrados.
César Monge, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), no participó de la cita, pero sí los delegados de las empresas, asociaciones y comunas cuya principal actividad es la captura y comercialización del crustáceo.
“Sólo falta que nos cobres el aire”, “Qué se vaya a Cuba”, “Trabajo y libertad”, “Si no nos das, no nos quites”, clamaban cientos de personas que llegaron de Manabí, Esmeraldas, El Oro y sectores de Guayas, para hacer prevalecer su rechazo al polémico decreto que buscaba también la expropiación de las áreas que se asocien con más de 50 hectáreas.
 Tras varias horas de diálogo, los dirigentes abandonaron la sesión satisfechos porque el Gobierno entendió que obraba de mala forma al pretender poner en práctica un decreto que iba a afectar a más de 3 mil ecuatorianos que viven del camarón.
José Centenaro, subsecretario de Recursos Pesqueros, dejó en claro que el Estado bajo ningún concepto entrará en la propiedad privada y que las personas concesionarias de hasta 50 hectáreas puedan asociarse. Él habló representando a los ministros del área de la producción.
“Los temas ambientales se unifican para que sean más específico. Sobre las concesiones de comunas estas no pagarán el costo que debe percibir el Estado”, dijo al tiempo de anunciar que el tiempo de concesión se mantiene en 10 años.
En torno a las tierras altas, se definió que estas se mantienen como propiedad privada sin intervención del Estado. “A Manabí, específicamente a Pedernales, llegará un equipo técnico para proceder a las regularizaciones de los sectores considerados ilegales”, finalizó.
 
fuente: lahora.com.ec